lunes, 19 de diciembre de 2011

Aguirre amplia dos horas y media la jornada a 120.000 funcionarios, que dejarán de cobrar el 100% del salario en caso de baja

  • Todos los empleados públicos trabajarán 37,5 horas semanales
  • La medida, incluida en las enmiendas a la Ley de Acompañamiento, afecta al 70% de los efectivos
  • El Gobierno regional eliminará también la licencia especial para venta de bebidas alcohólicas
  • Aguirre permitirá al Canal tomar participaciones en otras empresas

El Gobierno regional aprovecha los últimos días del año para incluir una modificación en la normativa que afecta a 120.0000 funcionarios regionales, el 70% de la plantilla. Les amplía 2,5 horas la jornada semanal (de 35 a 37,5 horas) y dejará de complementar su sueldo en los casos de bajas entre 4 y 15 días, excepto cuando la incapacidad temporal derive de un accidente de trabajo o sea por enfermedad profesional.

Esta iniciativa, introducida casi de tapadillo en la Ley de acompañamiento de los presupuestos, afectará también a los trabajadores de las empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, como Metro. Un portavoz del grupo popular admite que durante el presente año se amortizarán plazas de funcionarios como consecuencia de no sustituir las jubilaciones. Hace una semana el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, estimó en 800 las plazas que serán eliminadas.

La Comunidad ha esperado al penúltimo fin de semana del año, una vez pasadas las elecciones generales del 20N para introducir el grueso de reformas normativas, que no contenía el texto original presentado dos días antes de los comicios. El PP ha introducido 25 enmiendas que prevé cambios sustanciales a todo tipo de normativas a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, conocida como ley escoba. Los populares aprobarán todas las enmiendas gracias a su amplia mayoría en la Asamblea.

Según una nota del grupo popular en el Parlamento regional, la actuación que afecta a los funcionarios "trata de evitar las desigualdades entre los diferentes empleados de la Administración". Hay profesiones con jornadas de 35 horas, prosigue, y otras que ya tienen las 37,5 horas reconocidas, como el personal docente. La mayor parte de los funcionarios regionales madrileños trabajan 35 horas semanales en virtud de un acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno regional en 2001, según fuentes de UGT.

“La filosofía de este plan, que surge como consecuencia de la crisis económica, es aplicar a la Administración regional criterios propios del mundo empresarial, con el objeto de hacerla más eficaz y productiva”, ha explicado hoy Iñigo Henríquez de Luna, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de “erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales”.

Además de los cambios previstos para los funcionarios, la Comunidad eliminará la licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales, de manera que cualquier establecimiento que venda comida y bebida podrá vender alcohol, incluido las gasolineras. Las enmiendas presentadas hoy por el PP se votarán en el pleno del próximo 27 de diciembre. Lo previsible es que salgan adelante, dada la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en la Asamblea regional.

Además, la Comunidad de Madrid se reserva en exclusiva la potestad de sancionar y prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Hasta ahora parte de esa responsabilidad competía, también, a los ayuntamientos. Precisamente este ha sido uno de los puntos debatidos en la comisión de duplicidades celebrada en la Asamblea de Madrid para definir las competencias de las diferentes administraciones de la Comunidad de Madrid.

Otra de las enmiendas profundiza en la liberalización de horarios comerciales para el sector de las farmacias. "Con el fin de dotar a las oficinas de farmacia de una mayor agilidad para poder hacer efectivas las modificaciones de horario que les resulten más conveniente", señala el texto. Con esta modificación los propietarios de estos establecimientos tendrán más facilidades para abrir cuando quieran.

También se incluye la modificación normativa para que la Comunidad de Madrid asuma las competencias exclusivas de Metro, antes compartidas con el Ayuntamiento de Madrid. Hace un par de semanas ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el cual el Ejecutivo regional se quedaba con las competencias de Metro a cambio de 140 millones de euros. Además, las enmiendas prevén que "solo serán objeto de subvención los abonos de transportes que se expidan a usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras comunidades autónomas con las que se hubieran suscrito convenios".

En el ámbito del urbanismo regional, el Gobierno regional prevé que las actividades industriales no tengan que ceder suelo a las redes generales y locales (de los ayuntamientos). "Se contempla la exclusión de la obligación de cesión de suelo para redes locales y generales cuando se desarrolle suelo industrial, como medida incentivadora para mejorar e incrementar la promoción de la actividad económica".

Otra de las enmiendas supone una advertencia a los Ayuntamientos que rechacen firmar el convenio previo a la capitalización del Canal de Isabel II. Los Consistorios que tengan un acuerdo de suministro con el Canal y no firmen el convenio de privatización recibirán una cantidad anual por habitante para que puedan financiar el suministro de agua con otra empresa, cuando finalice el acuerdo, el Canal entregará la red de saneamiento, y el traspasado de la gestión para que sean estos los responsables del servicio.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2011/12/19/madrid/1324314029_711106.html