viernes, 2 de diciembre de 2011

Chapuza jurídica para enmendar 'lo de las PGAs'

Figar otorga a la Inspección poderes especiales que violan la autonomía pedagógica de los centros 

Tal y como afirmaba ayer un bloguero "les hemos dado duro". El fax con instrucciones a los servicios de Inspección sobre la no aprobación de la PGA ha devenido en un bodrio plagado de mentiras y medias verdades, sin ningún tipo de respaldo legal y pergeñado para salir del paso. El aparato jurídico-coactivo-sancionador de la Comunidad de Madrid hace aguas por los cuatro costados.

Si una PGA no se aprueba la Inspección no puede prorrogar la del curso anterior. Eso no tiene ninguna base ni viene dispuesto en ninguna ley ni reglamento. Tal y como argumentaban ayer en el Foro del Sur ¿Acaso todos los cursos son iguales en cuanto a plantillas, proyectos educativos, planes de atención a la diversidad, extraescolares, etc?

La PGA tiene que ser informada en el Claustro y aprobada por el Consejo. Pero el Consejo tiene la obligación de respetar todos los aspectos docentes que el Claustro haya formulado. Es decir, que si el Claustro no aprueba mayoritariamente los horarios (o deja constancia de sus muchas irregularidades), si no aprueba el plan de atención a la diversidad (con los recursos actuales de los centros es imposible aprobarlo con un mínimo de calidad), o si tampoco da el visto bueno a otra serie de aspectos docentes como las actividades complementarias y extraescolares o los distintos planes y proyectos educativos que considere necesarios, el Consejo escolar no puede aprobar esa PGA. Sería algo absurdo desde el punto de vista docente y vulneraría, además, esos artículos 69.2 y 69.3 del ROC o los artículos 127, 128 y 129 de la LOE.

Diversas voces ponen asimismo en duda la competencia de Belén Aldea Llorente, Subdirectora de General de Inspección Educativa para dictar estas normas ya que la Inspección no es cargo ejecutivo, sino que en todo caso serían las Direcciones de Área Territoriales las encargadas.

La Consejería no sólo tiene en contra a la inmensa mayoría de los profesores y a más de 2/3 de los directores de instituto, es que además una buena parte de los inspectores que deberían ejecutar estas cacicadas se están dedicando a filtrar documentación reservada y boicotear su aplicación. Cualquiera se habría dado cuenta de que ha perdido la batalla, cualquiera menos Lucía Figar, claro. La consejera está 'desnuda' jurídicamente hablando y no lo sabe, o al menos nadie se atreve a decírselo.

Para terminar desde la PICAM recomendamos a nuestros asociados y simpatizantes la lectura del último artículo del blog Tizaflauta de Bob Harris, que explica alguna de las posibles consecuencias de todo este embrollo legal, urdido simplemente para salvar la carrera política de la consejera:



2 comentarios:

Anónimo dijo...

Si en el séptimo punto se viene a decir que si la PGA (o cualquiera de sus partes) no fuese aprobada, quedarían en vigor y se prorrogarían de manera automática los proyectos educativos del curso anterior.
Quiere esto decir que también las plantillas volverían al 14 de septiembre de 2010? Todos los desplazados, todos los interinos,... Pues reclamemos nuestros puestos de trabajo también, o no? Antonio 1

Anónimo dijo...

Ahora lloran los que se dicen defensores de lo público.
Como docente de la zona este, apoyo las reivindicaciones de l@s compañer@s. Durante el curso 2009/2010 fueron expulsados l@s Trabajadores Sociales de los EOEP/EAT. Ningúna marea verde, nulo apoyo sindical, cuando no indiferencia y desprecio de sus delegad@s, y silencio complice de l@s luchador@s de la Comisión Permanente.
Como nota de recuerdo