miércoles, 1 de febrero de 2012

La huelga de la enseñanza madrileña: balance y perspectivas

Tras una larga y rica experiencia de lucha, la mayoría de quienes han participado, derrochando entusiasmo y esfuerzos continuados, se hace dos preguntas fundamentales: ¿De qué ha servido lo que hemos hecho? ¿Qué posibilidades de continuidad y de éxito hay en el futuro inmediato?

Haciendo más explícitas estas preguntas:

Después de tres meses de huelgas y movilizaciones, a pesar de las dimensiones que ha cobrado un movimiento tan amplio y perseverante, de una imparable “marea verde” que ha logrado aglutinar a profesores, alumnos, padres, etc. ¿Por qué no se ha conseguido hacer retroceder al gobierno de la Sra. Aguirre?

Si no ha sido la voluntad de lucha y la determinación ¿Qué ha faltado a nuestro movimiento para salir airoso?

Partiendo de un altísimo porcentaje de seguimiento en la huelga y con masivas y reiteradas acciones en la calle ¿Por qué la movilización se ha visto abocada a un declive paulatino y falto de perspectiva?

Y, por otra parte, y puesto que nada se ha resuelto y el conflicto sigue abierto y cabe que más enconado ante la posibilidad de nuevas y mayores agresiones ¿Cómo dar continuidad a la lucha emprendida?

El inevitable cansancio no se ha traducido en sensación generalizada de derrota. Nadie da por definitivo el resultado y buena parte de la gente que se ha movilizado no está por abandonar sin más. Pero también es verdad que existe un enorme desconcierto y muchas dudas sobre el camino a seguir. Las hay entre los profesores de a pie, entre los dirigentes sindicales y entre los activistas que mayor compromiso han adquirido a lo largo de este movido cuatrimestre.

1. Logros del movimiento

Si recurrimos a la historia y, en concreto, a las experiencias pasadas de la enseñanza, nadie pone en duda que el movimiento que se ha levantado lo ha hecho con una fuerza desconocida desde hace décadas en este sector. El proceso de huelga se inició con un prometedor seguimiento cercano al 80% en Secundaria, el sector que se lanzó de forma masiva porque era el más directa e inmediatamente afectado, pero que, desde el principio, fue consciente de que una lucha en solitario tendría un recorrido breve.

En el haber hay que apuntar:

A. El potente proceso de organización inicial (asambleas de centro, zona y región) con el sano propósito de que fueran los propios huelguistas quienes controlasen el contenido y desarrollo de la huelga. Nadie estaba dispuesto a quedarse en la mera protesta testimonial y en el ciego seguidismo de los tibios planteamientos que apuntaron desde el principio las direcciones sindicales. De hecho, ese impulso y ese nivel de autoorganización han sido los que han preservado la unidad, empujando a dichos dirigentes a ir (a remolque) más allá de lo previsto y a alargar el calendario de huelgas y manifestaciones, incluyendo la ruptura de la “tregua electoral” e impidiendo el cierre del conflicto tras el 20N, augurado por algunos.

La excusa de la “unidad” sindical, para frenar el movimiento y alzarla como obstáculo para no ir más allá, saltó por los aires más de una vez. El movimiento se apoyó en los sindicatos y en sus convocatorias, pero buscando en todo momento su expresión independiente, remitiéndose a lo discutido y decidido en sus asambleas, tomando iniciativas propias, agrupándose en las multitudinarias manifestaciones en torno a sus pancartas de centro y de todo tipo de asociaciones.

B. Desde el comienzo, existía la conciencia generalizada de que las “instrucciones de comienzo de curso” suponían en sí una agresión de grado superior a lo ya conocido (contra las condiciones docentes y el propio funcionamiento de los centros públicos), a la vez que se percibían como una premonición de un ataque general a la Enseñanza Pública (más recortes por la “crisis” y nuevos avances en las vías de privatización). Esto puso sobre el tapete, de forma natural, la necesidad de implicar a otros niveles de la enseñanza y a otros colectivos (estudiantes, padres, ciudadanos,…) preocupados por el porvenir de la escuela y de lo público.

C. Esta conjunción de profesores en huelga, arrastrando a otros sectores y colectivos a una masiva y continuada movilización, es lo que ha dado lugar al fenómeno novedoso, imaginativo y omnipresente de la llamada “marea verde”. Miles de profesores y ciudadanos han llegado a la conclusión de que los recortes anteriores, presentes y futuros ponían en cuestión el mantenimiento de un derecho fundamental como es la educación, si no se ponía freno a la dinámica complementaria de su degradación y su privatización. De ahí que se despertase un sentimiento de orgullo entre quienes han desarrollado esta lucha en defensa de la Escuela Pública, de manera que, incluso ante el aparente callejón sin salida en que ha terminado esta fase de la movilización, se mantenga el ánimo de proseguir en la brecha. La perplejidad propia de los momentos de impasse no ha derivado en la capitulación y el abandono.

2. ¿Qué ha faltado?

Pero es inevitable hacerse la pregunta del principio. ¿Por qué no han sido suficientes los esfuerzos realizados? ¿Por qué tras ocho o nueve días de huelga, de numerosas manifestaciones y concentraciones, cientos de iniciativas prodigadas por centros, barrios y pueblos de la Comunidad, no se ha conseguido doblegar la postura intransigente de Esperanza Aguirre y de Lucía Figar?

Es cierto que, aparte de su apuesta por dar ejemplo de dureza hacia fuera y hacia dentro de su partido, las previsiones cada vez más firmes de una mayoría absoluta del PP amortiguaban los riesgos de una repercusión negativa del conflicto en los resultados electorales, que era una de las bazas de los huelguistas (de hecho, se sabe que la preocupación trascendió a la calle Génova).
Pero, ¿hubieran mantenido su postura si se hubiesen encontrado con una Huelga General de toda la enseñanza y una paralización de los centros educativos? ¿Pero, era también un objetivo en el horizonte de quienes tenían la responsabilidad de dirigir el movimiento?

A. Sin descartar los empecinamientos suicidas, de que en ocasiones hacen gala algunos responsables políticos, es difícil cerrarse en banda ante un desafío como el que han supuesto esos miles de huelguistas y de manifestantes a lo largo de tres meses. En nuestra opinión, una Huelga General e indefinida del conjunto de la enseñanza (y “había motivos” para ella) era el paso exigido tras las primeras acciones, que manifestaron una fuerza y una decisión poco habituales. Un planteamiento que, por otra parte, rondó por la cabeza de muchos cuando se plantearon jugar en serio la partida, pero que quedó diluido con la martingala de los “sondeos” individuales, más propicios para la confusión que para la movilización cuando, como fue el caso, se plantean al margen de la discusión y de la toma de decisiones colectiva en las asambleas.

B.    Sin embargo no fue esa la perspectiva (la de extender la huelga al conjunto de toda la enseñanza y mantener el pulso, sin interrupciones, a la Administración) la que predominó entre las direcciones sindicales ni en el núcleo de activistas surgido del movimiento asambleario.
Evidentemente, la huelga general e indefinida no estaba en la mente de las direcciones sindicales. Mientras éstas “hacían tiempo” con un calendario de huelgas puntuales y espaciadas, el funcionamiento de los centros se “normalizaba”, la aplicación de las “instrucciones” se consolidaba en los hechos y el brío inicial de los huelguistas se desgastaba. Sólo tardía y parcialmente llamaron a sumarse a la huelga a Infantil y Primaria (sin desplegar muchos esfuerzos). Nunca lo hicieron con la Universidad, sabiendo como sabían (y ahora ha salido a la luz) que sobre ella pendía igualmente un severo plan de austeridad y recortes.

Como ya hemos señalado en artículos anteriores, si la huelga indefinida (que probablemente no hubiera necesitado nueve días para surtir efecto) no contaba con suficiente preparación a primeros de septiembre, debería haberse planteado como objetivo a corto plazo, poniendo todos los medios para la extensión y generalización de la huelga a todos los sectores de la enseñanza. Sin abrir esa perspectiva, el carrusel de huelgas separadas en el tiempo sólo podía servir para desgastar las fuerzas iniciales y abocarlas a su agotamiento progresivo.

No se trata sólo de un problema de acumulación de fuerzas y de aumento de su intensidad para ganar el pulso, que también. La perspectiva de una Huelga General tiene siempre un contenido directamente político: pone en cuestión una política (en este caso, la referida a la educación) y a los poderes que la aplican; exige un cambio de rumbo. Más aún si se plantea a escala estatal (y a ello apuntaba la Marcha a Madrid del 22 de octubre), puesto que similares medidas se estaban tomando en otras Comunidades Autónomas y eran no sólo permitidas sino alentadas por el Gobierno de la nación en su obsesión por recortar el déficit por todos los medios, tal como le exigían desde la UE, el BCE y el FMI. El propio Ministerio de Educación venía favoreciendo e impulsando esas políticas: austeridad presupuestaria, drástica reducción de la oferta de empleo público, pasos hacia una mayor privatización en todos los tramos educativos, desde la Infantil a la Universidad…

La amplitud del movimiento y la concentración de todas las reivindicaciones en defender la Enseñanza Pública, contra los recortes y la privatización, no podía tener otra salida en proporción que el de la Huelga General. No se puede decir que el tema nos afecta a todos y dejar que lo defienda sólo un sector del profesorado, hasta la extenuación.

Esas perspectivas, la de generalizar la huelga y la de hacerla indefinida, tampoco lograron abrirse paso en el movimiento asambleario que buscaba organizarse en un terreno independiente respecto a las presiones que sufren los aparatos sindicales por sus vínculos institucionales y sus dependencias económicas. En particular, el articulado en torno a la “Red Verde”, que si bien en su inicio se presentó como un simple instrumento de coordinación, su hipotética eficacia dependía de los objetivos a que se encaminara y no llegó a cuajar a tiempo por las dudas y los ritmos que siguió, desacompasados con las exigencias de un movimiento de huelga.

En primer lugar, no fueron suficientes los esfuerzos realizados ni el nivel de organización alcanzado porque a ese movimiento, con base real en centros, zonas y pueblos, le faltó dar el paso para conseguir una verdadera centralización independiente a nivel regional (Comité de Huelga) y dotarse de una orientación política (Huelga General). Sometiéndose a la táctica de confusión y desmovilización de los “sondeos”, centrando la discusión en un día más o menos dentro de un calendario de huelgas intermitentes, y dispersando la atención hacia un sinfín de propuestas, no logró traducir su deseo de independencia en un plan diferente al propuesto por los sindicatos. Conformarse con crear un foro aparte, con tintes un poco más “radicales” (y más sectarios), no ayudó a mantener la unidad del conjunto del movimiento ni a hacerlo progresar.
En segundo lugar, porque esa falta de perspectiva política se pretendió sustituir con interminables y paralizantes discusiones organizativas. En nombre de una presunta “horizontalidad” (aplicada, además, de forma torpe y mimética a una dinámica real de huelga, que implicaba a cientos de centros educativos y miles de huelguistas), se obstaculizó la imprescindible centralización del movimiento en un verdadero Comité de Huelga, elegido democráticamente y revocable, basado en los representantes de centros y zonas (y que integrase a las organizaciones sindicales comprometidas realmente con la huelga), capaz de tomar medidas de organización, extensión y acción, sometiendo siempre las decisiones fundamentales al respaldo mayoritario de las asambleas de base.

Las asambleas de delegados al mayor nivel posible de coordinación, aun pudiendo ser abiertas, para garantizar su publicidad y transparencia, no tienen otro objetivo que el de asumir tareas de Comité de Huelga (las señaladas más arriba) y ponerse a la cabeza de la movilización.

La organización democrática de los trabajadores en huelga es la única garantía de que el control de su propia lucha y de los objetivos levantados permanezca en sus manos y no sean traicionados. Poner en cuestión, por principio, la representatividad y capacidad de decisión de los delegados elegidos en sus respectivos centros y zonas, (como se hizo en las asambleas regionales convocadas por sindicatos, pero también en las convocadas por la “red verde”), o reducirlos a meros informadores de datos, significa oponerse directamente al avance en unidad y extensión, a la centralización que todo movimiento necesita para tomar decisiones inaplazables para orientar las acciones en un misma dirección y generalizar la huelga. Esa organización (y no separar una parte del movimiento, de forma sectaria) es, a la vez, la mejor manera de poner a las direcciones sindicales ante sus propias responsabilidades en la organización de la lucha y en el mantenimiento de la unidad.

En conclusión, la gran movilización desarrollada en la enseñanza madrileña no ha encontrado el apoyo necesario en ningún sector organizado capaz de impulsar, más allá de la propaganda, esa orientación, pese a que la Marcha sobre Madrid del 22 de octubre apuntaba a las claras hacia la necesidad de organizar la Huelga General de la enseñanza no sólo en nuestra Comunidad sino a escala estatal. A tiempo estamos de corregir errores de cara a los próximos e inevitables combates.

3. ¿Cómo continuar?

En el momento actual, plantear nuevos “calendarios” o “sondeos” es desconocer que el tiempo en política es un factor esencial, que no debe ignorarse alegremente, y obviar que, a partir de ahora y con el nuevo gobierno, se abre un nuevo panorama, aún no precisado en su totalidad pero que, verosímilmente, supondrá una nueva y más profunda andanada de recortes presupuestarios y, como consecuencia, nuevos ataques a los salarios, al empleo público, a las condiciones laborales, etc.

Plantear la continuidad de las huelgas y manifestaciones de la enseñanza al mismo nivel (o inferior) al alcanzado al final de este trimestre, sólo puede conducir al agotamiento definitivo de las fuerzas hasta ahora implicadas.

Las variadas formas de organización y de asociación que surgen de la voluntad de mantener encendidos los rescoldos de las últimas movilizaciones, de cara a los próximos ataques, son una clara muestra de que el movimiento iniciado en la enseñanza madrileña no está acabado. Pero está obligado a hacer balance de las carencias que han impedido su éxito y precisar la orientación y condiciones para volver a la lucha, cuando las fuerzas y la oportunidad lo hagan posible. No hay por qué partir siempre de cero. Las experiencias recientes deben servir de lección para futuros combates y merecen ser discutidas sosegadamente para enmendar errores, restablecer la unidad y ampliar el horizonte de lucha, tratando de implicar a todas las organizaciones de los trabajadores que quieran ser fieles a los intereses de éstos frente a los planes que nos llevan a un desastre social.

Pero la posible continuidad del movimiento anterior se dará, en todo caso, con un cambio de escenario: nuevo gobierno que, en continuidad con el anterior, se siente obligado a tomar decisiones trascendentales a partir de la sumisión a los dictados de la Unión Europea, del FMI, del BCE,… Decisiones dirigidas a un control del déficit a costa de recortes sociales y de un empobrecimiento generalizado de la población hasta límites insospechados, en beneficio exclusivo de financieros y especuladores.

De lo que no hay duda es que estamos enfrentados a un verdadero proceso de desmantelamiento de los servicios públicos sobre los que se sustentan derechos fundamentales, recogidos en declaraciones de organismos internacionales y en toda constitución que se estime democrática, como bases mínimas de consenso y convivencia social. La defensa de esos servicios públicos, entre ellos la enseñanza, se convierte en estos momentos en el eje prioritario que puede unir a la mayoría de la población que se siente agredida en los aspectos más vitales. Todas las prestaciones sociales están en peligro de ser recortadas incluida, entre ellas y de forma especial, la sanidad pública y con ella el derecho de todos a la salud. Más que de recortes, habría que hablar, con toda propiedad, de destrucción programada y de privatización del conjunto de los sistemas de protección social levantados con el esfuerzo de muchos años atrás. Incluso el agua (el Canal de Isabel II) está a punto de ser privatizada.

Probablemente surjan nuevos motivos para saltar a la lucha, desde nuestro sector o desde cualquier otro, buscando la imprescindible unidad de fuerzas con otros colectivos. Ya se ha anunciado la extensión del aumento de dos horas y media semanales más de trabajo al conjunto de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Al igual que en la enseñanza, además de una sobrecarga de trabajo para unos, implica el despido o la no renovación de contratos de muchos miles de trabajadores. Aún queda por ver el alcance final de las medidas contra los salarios, la drástica reducción de empleo público, la anulación de acuerdos y convenios y de los derechos en ellos recogidos, la implantación de nuevos tipos y más abusivos de contratación, etc. Las medidas adelantadas en Madrid, Cataluña, Castilla La Mancha y otras comunidades son un anticipo de la apuesta más que previsible y generalizada por seguir descargando la “crisis”, y ahora de forma brutal, sobre los más débiles, desmantelando los mínimos aún existentes de protección social.

La defensa de todos los servicios públicos es una reivindicación inmediata a levantar desde la enseñanza y desde el resto de sectores implicados, conscientes de que, además, afectan al conjunto de la población.

Cualquiera que sea la chispa que produzca un nuevo incendio, la respuesta no puede sino inscribirse en una orientación a la Huelga General: contra la sumisión y la aplicación de los planes de regresión social, que proponen los mercados y sus valedores políticos internacionales y nacionales; en defensa de los servicios públicos, de las prestaciones sociales, de los salarios y las condiciones dignas de trabajo.

Es la respuesta que, a la vuelta de las recientes elecciones generales, tiene que volver a poner en cuestión el edificio entero y antidemocrático de un régimen de corrupción en torno a los sacrosantos e intocables poderes de la corona y de los sectores financieros. Con mayor actualidad que en el pasado mayo hay que poner de nuevo a la orden del día y con mayor contundencia el problema de la democracia real, el papel de las Cortes y de los parlamentos autonómicos, que no ejercen soberanía alguna para defender los derechos y necesidades de la mayoría, que se desdicen al día siguiente, sin sonrojo, de las promesas electorales y no dudan en ponerse al servicio de los intereses de quienes crean las “crisis” para especular a costa de hundir en la miseria a poblaciones enteras.

Pero siempre es bueno comenzar por lo más inmediato y cercano. El movimiento de la enseñanza madrileña, que sigue con las espadas en alto sin haber conseguido aún sus objetivos, puede y debe tomar su propia iniciativa, sirviendo de estímulo para aunar fuerzas y sumar a otros sectores a la lucha.

En estos momentos no hay proceso de huelga a la vista ni condiciones que permitan dar un salto adelante de forma aislada. El remedo de discusiones y propuestas de acción, que tuvieron su momento, en nada contribuyen a desbrozar los próximos pasos a dar. Nuevas e ingeniosas apariciones públicas de nuestras “camisetas verdes” no van a remover, por sí solas, los obstáculos encontrados y los ahora añadidos frente a las legítimas reivindicaciones levantadas en la enseñanza madrileña. Si hay voluntad y condiciones para volver a la huelga en defensa de la Enseñanza Pública, contra los recortes generalizados y la privatización, ha de plantearse desde ahora para el conjunto de la enseñanza, desde la Infantil a la Universidad, preparando al mismo tiempo una convocatoria a escala estatal.

Las asambleas de profesores, las organizaciones y plataformas que se han implicado en el proceso de movilización y huelga están obligadas a discutir serenamente el camino a seguir en nuevas y más duras condiciones, a buscar las vías de confluencia con otros sectores de los servicios públicos igualmente en peligro, a proponer una salida en común frente al feroz ataque a los derechos y condiciones de vida de la inmensa mayoría.
A esa discusión queremos aportar nuestro pequeño granito de arena.

Colectivo Baltasar Gracián, 31 de diciembre de 2011