domingo, 20 de mayo de 2012

Las trampas a la 'Marea Verde'


Desde el inicio del curso 2011/12 se han producido tantos acontecimientos que es difícil recapitular y, como consecuencia, reconsiderar algunas de las formas de entender lo que está pasando.

Ya no se le escapa a nadie que la crisis es una excusa para recortar derechos sociales e individuales a los ciudadanos. Pero cabe preguntarse si hemos estado atentos a los mensajes que recibimos o emitimos en función de la situación y de las circunstancias concretas.

En el mundo de la educación y concretamente en Madrid, se ha producido un movimiento que abrió algunas de las esperanzas perdidas y que motivó a muchos trabajadores de la enseñanza y a los sectores sociales implicados a rechazar las medidas que se han ido adoptando y a reaccionar con huelgas y movilizaciones diversas. En este ambiente se han dado momentos de especial unión entre los afectados, independientemente de ideologías o intereses particulares. Los trabajadores se sintieron orgullosos, con razón, de estar defendiendo algo mucho más importante que unas condiciones concretas de trabajo como la jornada lectiva y se lanzaron a la calle a defender la escuela de todos para todos. Pero la trampa en la que se podía caer al elevar tanto la mirada podía suponer no ver lo cercano, una cierta presbicia que conviene corregir.

Ni gasto ni inversión

La primera trampa en la que se ha caído y que tiene más importancia que la que pueda parecer, es en el eslogan que se ha propuesto desde las organizaciones sindicales y sociales: “La educación no es un gasto, es una inversión”. Se trata de una frase que contiene un fundamento económico derivado de la misma trampa de la crisis provocada por el neoliberalismo más radical. La educación es ante todo un derecho de los ciudadanos (Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU) y no es ni necesario ni conveniente considerarla una inversión de capital a largo plazo ni tampoco una inversión en un sentido figurado (social) por el que se da la posibilidad de encontrar más fácilmente un puesto de trabajo de mayor cualificación. En este último caso tendríamos que asumir que la educación tiene como única finalidad, o por lo menos como principal objetivo, la formación de mano de obra mejor cualificada. Esto no es en sí mismo negativo, pero oculta intencionadamente (es decir, ideológicamente) el fin primordial y más amplio. En el citado artículo 26, en su apartado 2 se señala con claridad la primera finalidad de la educación: “el pleno desarrollo de la personalidad humana”. Es algo más que una cuestión de matices, es una toma de postura en relación con las prioridades.

¿Por qué no destacar la importancia (como lo hizo el director de un Instituto de Secundaria madrileño al comienzo del curso) de la labor de integración de los inmigrantes que se ha desarrollado en los centros públicos, cuya rentabilidad no se puede medir, ni siquiera a largo plazo, en euros? Tal vez puede que alguien se empeñe en estas formas de medir y calcule cuánto hubieran costado los policías necesarios para evitar la delincuencia derivada de una mala integración. Otra trampa que no vale la pena señalar.

Competitividad y competencia

A lo largo de los últimos años, con la excusa de una evaluación externa (en sí misma con aspectos que pueden ser positivos) saltan a los medios de comunicación informes de organismos “económicos” como la OCDE, el famoso informe PISA y, al socaire, métodos de evaluación como las pruebas CDI. Todos coinciden en un punto: la comparación de resultados, ya sea entre países, zonas geográficas o centros. En muchos Institutos se reflejan los datos que proporcionan los responsables de las Consejerías o del Ministerio y se observan para ver “cómo hemos quedado”. La intención es evidente: que el profesorado se esfuerce en conseguir mejores resultados y desarrollar así la competitividad, tan neoliberal y tan de moda. Además se publican para que los “clientes” escojan lo que sea mejor para sus hijos. Esta es una trampa saducea que puede llevarnos a la perniciosa respuesta de competir para mejorar en el ranking. Por si a ninguno se le ha ocurrido, una buena forma de mejorar resultados es seleccionar clientes, fidelizarlos y ofrecerles las ventajas de un servicio pulcro que, si bien no garantiza una buena enseñanza, al menos lo parece. Así surgen folletos publicitarios, visitas para captar clientes y ofertas de servicios en muchos casos engañosas, pero eso no importa. Se trata de ser competitivos, se sea a no competente. De este modo se podría llegar a la reserva del derecho de admisión (como en cualquier negocio) y a ofertas que requieren de publicidad sea o no engañosa. Por ejemplo, hay centros en los que se promete un modelo aula-materia y lo único cierto es que los alumnos cambian de aula cada hora en un revoltijo cuya única finalidad es que quepan más.

Ya han aparecido cartelones en muchos centros contando sus grandes ofertas. Aparte de lo vergonzoso del caso, considerar la educación un servicio en venta es justamente lo que espera el modelo neoliberal, para así conseguir domesticar la crítica y la reflexión sobre los objetivos más importantes de la educación en una sociedad y conseguir en definitiva la plena privatización de la enseñanza. Si creemos que los centros públicos van a poder librarse de su desaparición entrando en este juego, hemos caído en otra trampa. Nunca un centro que se dedique a ofrecer un servicio público sin más interés que el propio servicio podrá ganar en un mercado a los expertos en captación de clientes, de los buenos clientes. Y aquellos que no sean buenos, se verán obligados a permanecer en los centros de beneficencia, que es en lo que se convertirán los de titularidad pública. Comienzan por competir los centros y acaban compitiendo los alumnos o sus familias. Pura selección social del más fuerte. De ahí a posiciones ultraconservadoras y abiertamente segregadoras solo hay un paso.

El objetivo del Estado es el servicio público y el del mercado el beneficio económico. Cada uno tiene sus reglas del juego y arriesgar, por no decir destruir, el servicio público educativo entrando en el juego del mercado es perder definitivamente la batalla de los ciudadanos, que ya solo serán clientes.

Publicidad engañosa

Toda publicidad tiene como objetivo convencer, intervenir en las decisiones del cliente para captarlo como tal. La reciente propuesta de cotizar para realizar una campaña publicitaria a favor de la escolarización en la enseñanza pública es otra trampa en la que no se debe caer, porque ignora, entre otras cosas, el deterioro y efectos perniciosos que para ella está suponiendo la fragmentación del sistema educativo, el trasvase de recursos públicos a la privada, la contraposición en los hechos entre el desarrollo de una u otra red. Supone, además, aceptar ingenuamente el juego de un mercado educativo, de “libre” oferta y demanda, donde los centros públicos debieran “competir” (en clara desventaja, al estar sujetos a políticas de recortes, concentración de alumnos con dificultades,…) con los centros privados y concertados que, por una u otra vía, cuentan con mayores recursos y descaradas medidas de selección académica y social. Aparte de renunciar, de esa manera, a la reivindicación de una Escuela Pública “de todos y para todos”, que garantice en condiciones de igualdad el derecho universal a la educación, se acepta someter el campo de la educación a la lógica del consumo que reduce a familias y alumnos a meros clientes de “productos educativos”. Dentro de esa lógica, la voluntad y profesionalidad de los docentes públicos no es condición suficiente para, al margen del resto de condiciones que escapan a su control, lograr que la mayoría de las familias elijan, por simples razones éticas, un centro público. No se podrá competir con instituciones que imposibilitan las huelgas, que controlan o explotan debidamente a sus trabajadores y que ofertan la seguridad del tratamiento como cliente al que (como a los tontos) siempre se le dará la razón y se le ofrecerá lo que pida puesto que paga por ello. Las instituciones públicas deben atender a ciudadanos con derechos y no a clientes. En el extremo, podría darse el caso de que en función de la demanda se enseñen las matemáticas que deseen el niño o sus padres. La oferta de bilingüismo con el fin de conseguir dos lenguas de uso y ninguna de cultura, los centros de excelencia para luego trasladar el modelo a la privada y así “competir” más y más o los caramelos de proyectos ampulosos que solo conducen a una buena imagen, no son los objetivos de una enseñanza de todos para todos.

Los objetivos de la educación van más allá que la preparación para el trabajo, aunque la propia Universidad, negando el origen de su nombre, se esté convirtiendo cada vez más en una formación profesional cualificada. La publicidad incluirá pronto, además de resultados de selectividad o pruebas externas, índices de colocación de sus antiguos alumnos. Lejos quedan aquellos objetivos de la instrucción pública que han logrado, entre otras cosas, alfabetizar a toda la población y afianzar los niveles culturales y democráticos de los ciudadanos. Dicen muchos que hay que adaptarse a los tiempos, que han cambiado, pero admítase que hay cambios para bien y para mal y la resistencia a los segundos es algo especialmente necesario en los “tiempos” que corren.

Adaptarse a los elementos del absolutismo mercantil, incluida una de sus principales formas de presentarse, la publicidad comercial, es una trampa en la que se cae seguramente con buenas intenciones, esas de las que dicen está empedrado el infierno. El valor de la enseñanza pública no requiere publicidad comercial, sino conciencia ciudadana.

Trabajadores públicos e intereses privados

Conocido es el orgullo con el que se llevaba y se lleva la camiseta verde por parte de gran cantidad de profesores en defensa de la educación pública. El valor del funcionariado, tan atacado en los últimos tiempos, es justamente el que dio lugar al gran prestigio que ha tenido la enseñanza pública en nuestro país hasta que por diversas razones se ha intentado quebrar de forma paralela a como se han minimizado muchos de los derechos sociales.

Los funcionarios son trabajadores públicos que dan sentido al valor de su trabajo y que necesitan del prestigio y la consideración que la sociedad les pueda brindar. Muchos políticos neoliberales tienen verdadera inquina contra los servidores públicos y continuamente intentan desprestigiarlos para lograr eliminarlos, puesto que pueden representar justamente lo que ellos desprecian, lo que tiene un valor que no es medible por el precio: el servicio público sin intereses privados. Para ellos todo lo que se escape del mercado no debe existir por ser peligroso, peligroso para sus intereses.

Hay quien critica la reivindicación laboral de los servidores públicos. Muchos de ellos son los mismos que los despreciaban y se jactaban de mejores remuneraciones y consideración social antes de la crisis, su crisis, la que intentan trasladar a los demás, haciéndoles de forma más o menos explícita, responsables de su actual situación. Como si los funcionarios se hubieran cubierto de dinero mientras los negocios privados fructificaban. Tener un puesto de trabajo estable no es un privilegio, es un derecho y los puestos públicos nunca han sido los mejor remunerados.

También en la Marea Verde se ha caído en alguna ocasión en la trampa de la crítica a la reivindicación laboral de los enseñantes, incluso por parte de quien presume de estar del lado de los trabajadores. El representante de una de las organizaciones de padres de alumnos se permitió responder a un profesor interino que destacaba la importancia de la jornada lectiva para que aumentara el número de profesores en los centros y así salir del paro, que “no se mirara el ombligo” y lo hizo nada menos que en el seno de una asamblea de trabajadores a la que había sido invitado. Es cierto que la defensa de la escuela pública para todos los ciudadanos es más importante que un número concreto de puestos de trabajo, pero es perder el norte criticar a un trabajador en paro porque luche por su puesto de trabajo, otro derecho fundamental, no lo olvidemos. Además, no hay contradicción alguna. La disminución de profesores, al igual que el aumento del número de alumnos por aula, supone una merma evidente en el servicio educativo. Es precisamente la grandeza del servicio público y de la consideración que sus trabajadores tienen de él lo que ha llenado las calles de reivindicaciones por la enseñanza pública. Todas las tablas reivindicativas incluyen, además de los términos laborales, la defensa de las condiciones en las que se desarrolla la educación. Los funcionarios públicos que se sienten orgullosos de serlo, luchan por los servicios en los que trabajan, a veces con el riesgo de expedientes, como se ha demostrado en la llamada marea verde, cuyo principal eslogan no es precisamente el que adoptaría alguien que solo se mira el ombligo: Enseñanza pública: de todos para todos.

Cabe también señalar que el ataque que se viene perpetrando contra la enseñanza pública alcanzará tarde o temprano también a la concertada. No conviene olvidar que también están en “el mercado”. El estricto modelo neoliberal excluye que lo de todos se pague entre todos. Extrapolando sus criterios habituales ¿por qué va a pagar alguien que no tenga hijos la educación de los hijos de los demás? Cada uno que se pague lo suyo y, en todo caso, quien no pueda, porque ha caído en la pobreza y en la marginación social, será atendido en centros de beneficencia, la forma de caridad que sustituye a los derechos, tan coherente con las posiciones que defienden los “neocon”.

¿Y ahora qué?

El ataque despiadado que están sufriendo los servicios públicos con la excusa de la crisis seguirá avanzando mientras no sea detenido por los ciudadanos. Todos hemos de luchar para todos y la única forma de conseguir frenar el deterioro de lo de todos es defenderlo juntos sin caer en las trampas que tan hábilmente nos ponen para dividirnos mediante el desprestigio de unos u otros. Si los representantes del gobierno ya califican de algaradas violentas las manifestaciones de los ciudadanos, no podemos esperar más que descalificaciones a toda protesta que se les ponga por delante. Huelgas simbólicas o manifestaciones continuas nos llevarán al agotamiento y no podrán doblegar a voluntades tan poderosas como los “mercados” y sus acólitos. Conviene reunirse y pensar si merece la pena la defensa de lo que tanto ha costado a tantas generaciones de ciudadanos.

La Huelga General convocada para toda la enseñanza y a escala estatal es un paso importante (que no se pudo o no se quiso dar en el primer trimestre de este curso para dar salida positiva a la huelga de la enseñanza en Madrid y otras CC.AA.) de cara a plantear una respuesta acorde con la dimensión de los ataques generalizados a la enseñanza. Pero no puede quedarse ahí. Tal vez sea el momento de plantarse de una vez, paralizar el final o el comienzo de curso, hasta conseguir echar atrás la política demoledora de los gobiernos central y autonómicos. La escuela pública de todos y para todos es uno de los servicios públicos más importante y ahora está en juego. Hemos de jugar sorteando las trampas y llegando a acuerdos para así reunir todas las fuerzas posibles. Se van a necesitar.


Mayo de 2012